Posted by MADRID, 13 DE MAYO DE 2020. “No es prioritaria una reforma educativa en plena pandemia, con al menos 27.000 fallecidos y una profunda crisis económica que está afectando ya a las familias. Todavía nos sabemos en qué condiciones se van a poder incorporar los niños a las aulas en septiembre pero eso parece que a la ministra Celaá no le importa porque quiere imponer su agenda ideológica a toda costa, pese a quien pese”.
En estos términos valora la portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, el avance de la LOMLOE o Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa cuando se ha producido una nueva prórroga en la presentación de enmiendas a la ley orgánica que modifica la actual ley educativa o LOMCE (Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa).
En este contexto, cabe contestar que más de 37.000 ciudadanos han escrito directamente a la ministra de educación, Isabel Celaá, a través de HazteOir.org, para pedirle expresamente que no tramite la ley educativa en este contexto.
“La ley ha sido cuestionada por miles de ciudadanos y por la comunidad educativa, que sigue confinada y pendiente de acabar el curso escolar desde casa, con el consiguiente sobreesfuerzo de padres, alumnos y profesores y no tiene tiempo material para pronunciarse sobre la reforma educativa”, asegura la portavoz de HazteOir.org.
A juicio de HazteOir.org, al menos hay siete motivos para frenar la Ley Celaá y dar un plazo razonable para debatirla y no poner el sistema educativo patas arriba en este momento. Se trata de que la reforma educativa resuelva problemas reales y no imponga una agenda ideológica de izquierdas. Y es que la Ley Celaá:
- Afirma que va educar a tus hijos en “la ciudadanía mundial” y “en la educación para la transición ecológica y la comprensión internacional”.
- Relega la asignatura de religión y obliga a adherirse a los ‘valores cívicos’ y la educación sexual de la izquierda.
- Impone introducir en el proyecto educativo de los centros la prevención de la violencia pero SÓLO “contra las niñas y las mujeres”.
- Establece que se elegirá a los directores de los centros en función de su adhesión a la “igualdad” y la “prevención de la violencia de género”.
- Vulnera la libertad de los padres a elegir al discriminar a los centros de educación diferenciada y menospreciar a los concertados.
- Ordena supervisar los libros de texto para que “no contengan estereotipos sexistas o discriminatorios”.
- Derivará a los alumnos de centros de educación especial a centros ordinarios, con el consiguiente perjuicio a los alumnos y a sus familias.
“No es de recibo pedir más responsabilidades a los padres de familia ni a los alumnos ni a los docentes. ¿Qué pasa si aplazamos la reforma educativa? ¿De verdad es tan urgente, después de casi de tres meses de COVID-19, acelerar la reforma educativa? ¿Qué tal si preguntamos a los afectados, es decir a la comunidad educativa formada por profesores, docentes, padres…?”, concluye García-Noblejas.